LEY 1564 DE 2012 INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE 

¿Cómo y cuándo declararse insolvente? 

La nueva ley de insolvencia para personas naturales no comerciantes es un mecanismo que propicia la búsqueda de arreglos para no llegar a procesos de ejecución. 

Con el nuevo régimen de insolvencia, las personas naturales no comerciantes que se presenten un retraso en sus obligaciones financieras tendrán la oportunidad de renegociar sus deudas con sus acreedores antes de ser embargadas o desalojadas de sus viviendas, como ocurre hoy. 

Esta nueva ley les permitirá a los "morosos" acudir ante un Centro de Conciliación -autorizado por el Ministerio del Interior y de Justicia- para solicitar 60 días hábiles, prorrogables por 30 días más, para negociar con los acreedores sus obligaciones mediante un proceso extrajudicial regulado por un conciliador.  

Dentro del nuevo procedimiento todos los acreedores deben acudir obligatoriamente al trámite y escuchar la propuesta de pago del deudor.  

Además, durante este periodo de conciliación cesan todos los procesos judiciales contra el deudor y se suspende el cobro de cualquier tipo de interés, cuotas de administración y otros cobros (se exceptúan pagos por alimentos). Durante este espacio, los activos productivos no podrán ser embargados mientras se posibilita que el deudor ofrezca todo tipo de intercambio de activos como parte de pago.  

Es importante aclarar que no se obliga a las partes a llegar a un acuerdo y que si este no se logra se causarán y cobrarán los intereses de mora y demás cobros que habían sido suspendidos.  

La insolvencia no es un mecanismo para evitar que sus deudas no se hagan efectivas ni para buscar que le condonen sus obligaciones financieras, es todo lo contrario, lo que pretende es tener la oportunidad de encontrar formulas para un arreglo. 

Una persona podrá declararse insolvente cuando haya incumplido el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por un plazo mayor a 90 días, o cuando cursen en su contra una o más demandas de ejecución o cobro judicial. Además, las obligaciones atrasadas deben representar por lo menos la mitad de la deuda total a cargo del deudor.  

El acuerdo debe ser aprobado por dos o más acreedores que representen más de la mitad de la deuda y, si se logra dentro de los primeros 60 días hábiles, no se cobrarán los intereses de mora causados durante ese periodo.  

Para evitar la proliferación de una cultura del no pago, el deudor no puede haber transferido a terceros sus bienes dentro de los seis meses anteriores a la aceptación de la solicitud, ni fingir una separación de su cónyuge, pues en este caso se declarará fracasado el acuerdo. Incluso, está contemplada una sanción penal si se llega a comprobar falsedad o datos incompletos que hagan inducir a error al conciliador o al juez. Además, el deudor no podrá adquirir nuevos créditos ni otorgar garantías a favor de terceros sin el consentimiento de los acreedores. Por último, para evitar el abuso de la figura, un deudor no podrá solicitar el inicio de un nuevo trámite de negociación de deudas sino hasta después de transcurridos seis años a partir de la fecha de cumplimiento total del acuerdo anterior.  

BENEFICIOS 

• Permite la negociación integral de todas sus deudas con todos sus acreedores de manera ágil y efectiva. 

• Una vez sea admitido al trámite de insolvencia NO podrán iniciarle nuevos procesos ante la justicia. 

• Una vez sea admitido al trámite de insolvencia se suspenden los procesos que tenga en curso. 

• Una vez sea admitido al trámite de insolvencia NO podrán suspenderle la prestación de los servicios públicos.