Por: Mauricio Vega Lemus

@MauricioVegaL

Columna publicada en el Periódico El Diario del Otún el lunes 18 de julio

Volvemos a padecer en Colombia los efectos de un paro. Cualquiera que sea el sector que emprenda acciones de protesta y decida paralizar sus actividades y afecte todas las cadenas de producción y de servicios, causa un grave impacto a corto y mediano plazo. Muchos empresarios no podrán recuperar sus pérdidas a raíz del paro de transporte de carga, porque al no poder movilizar sus productos, al no proveerse de materias primas para cumplir con su actividad, no podrán compensar lo dejado de percibir durante la duración de la protesta. 

También en los hogares colombianos estamos afrontando dificultades con los elementos de la canasta familiar. No encontrar provisiones de algunos productos básicos de la dieta nacional, o hacerlo pero a precios elevados, es ya una situación inadmisible. Pero seguramente el mayor efecto será sobre el alza en los precios de los bienes, expresado en la inflación. Sin contar que la situación se presta para la especulación de oferentes de bienes, precisamente en un momento en que todos los esfuerzos de las autoridades macroeconómicas estaban dirigidos a controlar este fenómeno en la actual vigencia fiscal.

Los efectos sociales también se aprecian en los obstáculos para movilizarse por las diferentes regiones del país, porque hasta el transporte de pasajeros por carretera resultó impactado de manera negativa, así como el turismo, ante el temor por el bloqueo de vías y otras acciones que sobrepasan la debida protesta.  

En el corto plazo entonces lo que tenemos es una gran incertidumbre con un alza en los precios de bienes y servicios con incidencia además en el comercio internacional, que seguramente presentará, una vez superado el paro camionero, cifras negativas sobre la economía nacional y las regiones. 

No sólo el Consejo Nacional Gremial sino la red de cámaras de comercio de Colombia, Confecámaras, han reconocido el esfuerzo del gobierno por defender el interés general y mantener decisiones que se han tomado años atrás para ayudar en la modernización de la política de transporte bajo los principios de la libre empresa e iniciativa privada, modernización de equipos y la formalización. 

Respetar el derecho a la protesta es claro, pues además así lo consagra nuestra Constitución, pero también ella consagra el derecho de los ciudadanos a la movilidad, a la dignidad de la vida, a no afectar servicios públicos esenciales. La protesta actual ha superado el límite de las exigencias con altura y se ha convertido en generadora de violencia, inseguridad y desabastecimiento en el país, lo cual resulta inadmisible desde todo punto de vista y nos lleva a rechazar esas acciones que van en contra de los derechos ciudadanos y del conjunto de la sociedad. 

Debe respaldarse al gobierno en la voluntad de diálogo que ha tenido, pero también en la imposibilidad de aceptar condiciones que resultan perjudiciales para el conjunto de la población. Hay que llamar las cosas por su nombre y apuntar las responsabilidades a quienes les corresponde: la culpa del paro y sus perversos efectos son exclusivamente de un grupo de transportadores de carga que han resuelto poner sus intereses individuales por encima de los colectivos, lo cual no se puede tolerar.