Cámara de Comercio de Perira

¡NO MÁS PAROS!

 
Por: Mauricio Vega Lemus
@MauricioVegaL 
Publicada en el Periódico La Tarde


Los colombianos acabamos de atravesar por un paro de camioneros que nos afectó a todos en mayor o menor medida, pues padecimos los efectos de un cese de actividades que por 24 días generó graves consecuencias hasta para el bolsillo de los consumidores, que aún está resentido por las alzas en elementos de la canasta familiar.

Ojalá las consecuencias del paro hubieran sido sólo pasajeras, pero la lamentable realidad es que no fue así. Durante el paro de los camioneros, en Risaralda varias empresas reportaron graves consecuencias porque no pudieron recibir materias primas para continuar su producción, al tiempo que agotaron su capacidad de almacenaje para sus productos terminados.

Otras más, al no poder despachar los pedidos, no podían facturar, es decir que fueron 24 días sin ingresos. Otros casos más graves fueron los de empresas que perdieron para siempre ventas que ya tenían programadas, además de aquellas que por el incumplimiento en ventas internacionales se ven abocadas a multas de parte de los clientes.

Aunque se implementaron caravanas acompañadas por autoridades, algunos camioneros que participaron en ellas fueron atacados a piedra, o sus placas anotadas para enterarse después de advertencias sobre el riesgo para su vida e integridad, por lo que el plan de contingencia no surtió un efecto contundente en favor del aparato productivo, que para el caso de Risaralda dejó graves consecuencias en sectores como textiles, confecciones, agroindustria y metalmecánica, especialmente.

Lo anterior sumado a que en los últimos meses hemos afrontado en nuestro departamento ya este año otros paros que más allá de ser una protesta social a la que todos tienen derecho, se constituyeron en vías de hecho que han generado no sólo impacto económico sino también alteraciones del orden público, como aconteció semanas atrás con los corteros de caña que bordearon los límites penales con sus protestas violentas.

Ahora nos amenazan con un paro de educadores, precisamente en el momento más promisorio del sector en décadas, con un gobierno más comprometido que nunca con el tema y con una sociedad convencida de las trascendentales reformas que deben acometerse allí para poder consolidar de una vez por todas nuestro desarrollo.

El que se exija respeto por los derechos, cumplimiento de pactos o acuerdos, mejores condiciones para los trabajadores de cualquier sector, no implica que la protesta incluya amenazas o que las arengas pasen a la pedrea, o que los reclamos también se hagan con violencia. Esas posturas violentas no pueden ser toleradas y en los casos donde se producen, pues lo mínimo que se espera es que sean castigadas con la severidad que contempla la legislación nacional.

Amenazar la vida de trabajadores o de la comunidad, o la integridad de una empresa, no hacen parte de la protesta social a la que tenemos derecho. Son acciones vandálicas que atentan no sólo contra el desarrollo socioeconómico sino contra el bienestar de la comunidad, que también está en su derecho de exigir respeto y plantear que las exigencias de unos no se conviertan en los padecimientos de todos. Una cosa es la protesta social y otra bien distinta lo son las vías de hecho violentas y egoístas.
 
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