Eric Duport Jaramillo

Resulta sorprendente el nivel tan alarmante al que han llegado las manifestaciones en contra de la reforma a la educación propuesta por el Gobierno Nacional, conocida como la Ley 30. En una columna anterior resaltaba la forma original como los manifestantes en Pereira realizaron la Besatón, a través de un acto simbólico, en un lugar emblemático de la ciudad como lo es la Plaza de Bolívar, lograron llamar la atención de los ciudadanos y de los medios de comunicación para expresar su desacuerdo.

Eso fue ya hace más de un mes, y lo que parecía ideología y lucha por el bienestar colectivo, de los estudiantes y de los más desfavorecidos, se convirtió en una lucha sin cerebro, sin argumentos y sin debates pues ante las puertas abiertas del Gobierno Nacional, a través de su Ministra de Educación, prefirieron cerrar cualquier tipo de interlocución a la espera de los acontecimientos que fueran sucediendo en las ciudades.

Pues uno de esos, que marca el fin definitivo de cualquier argumento inteligente se produjo el lunes en nuestra ciudad. Es una vergüenza que haya sucedido el acto terrorista de quemar una buseta cerca a la UTP, como lo es también que grupos de encapuchados no permitan que la inmensa mayoría de los estudiantes, que sí quieren asistir a sus cursos, no puedan hacerlo y sean obligados a retirarse de sus aulas con intimidaciones.

Decía un estudiante ayer, quien manifestaba con la convicción de que era bueno para él y para los demás sentar posiciones ideológicas, pero que para él y otros se había acabado la huelga, porque el acto terrorista de ayer deslegitimaba cualquier pensamiento a favor de cualquier grupo de estudiantes, en todo el país.

Tenemos que recordar que el país vivió una época terrible en la que casi ni podíamos salir de nuestras ciudades por cuenta de los violentos y de los antisociales. Esa mala época se acabó definitivamente con la mano dura que propuso el Presidente Uribe, que sin duda molestó a quienes por los hechos y no por las leyes pretendía generar cambios.

Creo que de la misma forma, a aquellos que quieren continuar sus clases, que es el 95% de los estudiantes de las universidades públicas, el Estado les debería garantizar su seguridad dentro de las universidades a través de la fuerza pública, que es la fuerza legítima del Estado.

Los debates son para darse desde las ideas y las argumentaciones y no desde las papas bomba, las molotov y los actos terroristas. Suspender los semestres será una responsabilidad tanto de aquellos terroristas y encapuchados que circulan por los corredores de las universidades, y lo será igualmente del Estado que no tiene porque permitir que un grupo de desadaptados, sometan a la inmensa mayoría de los estudiantes que si quieren asistir a las aulas.

Desafortunadamente son los más pobres los que van a perder con todo esto. Ya se hicieron algunas reformas al proyecto de ley que se pueden reivindicar los estudiantes que protestaron en un comienzo, pero lo que sucede ahora, a través de la violencia y de la no participación en el debate público, no tiene justificación.

Allí con estos actos no sólo está perdiendo la comunidad estudiantil sino toda la ciudad cuya imagen aparece en los noticieros como un foco de beligerancia. Sin duda detestable y desde todo punto de vista repudiable que la el campo del conocimiento sea un campo de batallas.