Por Eric Duport Jaramillo

 

(Pereira, 28 enero 2010) Si bien es cierto que los informantes han sido una pieza fundamental en la lucha contra los distintos flagelos que han afectado al país en diferentes momentos de su historia, me parece que el objetivo inicial de estos se ha empezado a desdibujar.

 

Digo desdibujar porque entonces informar a las autoridades o denunciar se convirtió en un negocio y dejó de ser una obligación de los ciudadanos, lo cual de alguna manera afecta el aparato judicial, especialmente en credibilidad.

 

Los multimillonarios recursos que invierte el Estado para mantener la fuerza pública y los organismos de investigación como el CTI, el DAS y los organismos de inteligencia, tienen que arrojar resultados cada vez más contundentes y cada vez más efectivos para el país y ello no debe depender de las denuncias por plata, sino porque entre los ciudadanos de bien exista una cultura de la legalidad que les permita acercarse sin miedo a denunciar.

 

Ahora que se abre el debate sobre el pago de recompensas a estudiantes, muy bueno sería saber si ello incluye a los menores de edad o simplemente a los estudiantes universitarios mayores de 18, quienes más allá de recibir el premio de 100 mil deberán empezar a actuar como ciudadanos de bien, no simplemente por una recompensa.

 

No dudo que la política de recompensas sea un buen elemento para combatir a los delincuentes en el país, pero me parece que se debería trabajar más a fondo en generar conciencia ciudadana sobre la colaboración con la justicia.

 

Y ello se irá dando si efectivamente existe mucha más confianza de parte de los ciudadanos en su aparato judicial y ello significa que los delincuentes atrapados no salgan al otro día a seguir con sus fechorías.

 

El cerco a los delincuentes será más fácil cerrarlo si todos colaboramos, y ello incluye denunciar, sin necesidad de contraprestaciones económicas.  La mejor bonificación que nos puede dar la justicia es condenar a quienes no quieren vivir en sociedad.